Carranza decreta pena de muerte contra líderes obreros

El 1 de agosto de 1916, el presidente Venustiano Carranza endureció la legislación laboral al ampliar la Ley del 25 de enero de 1862, que establecía la pena de muerte para quienes provocaran conflictos obreros o suspendieran labores en fábricas y talleres.

La decisión se produjo tras la huelga general realizada entre julio y agosto de ese año. En respuesta, las autoridades clausuraron locales sindicales, reprimieron manifestaciones y detuvieron a decenas de trabajadores, en su mayoría electricistas. Entre los arrestados se encontraba el dirigente Ernesto Velasco, acusado de traición a la patria y llevado a Palacio Nacional para ser presentado ante el propio Carranza.

El 26 de agosto un Consejo de Guerra absolvió a la mayoría de los acusados, pero condenó a Velasco a la pena capital. Su ejecución, sin embargo, fue suspendida, y el líder obrero quedó recluido en la Penitenciaría de Lecumberri. Tras permanecer más de un año en prisión, obtuvo el indulto presidencial el 18 de febrero de 1918.

Como muestra de agradecimiento, trabajadores electricistas encabezados por el diputado Filiberto Villarreal organizaron una manifestación en las calles de la capital para vitorear a Carranza frente a Palacio Nacional.