Identidad, Territorio y Violación de Derechos: El Caso del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848

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En 1848, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, y marcó el inicio de un profundo cambio geopolítico en América del Norte. Con este acuerdo, México cedió aproximadamente la mitad de su territorio —lo que hoy conocemos como California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming—, y cientos de miles de personas mexicanas e indígenas quedaron bajo la jurisdicción estadounidense. A cambio, el tratado prometía la ciudadanía estadounidense, así como la protección de los derechos de propiedad, libertad y religión de los habitantes de esos territorios.
Sin embargo, como lo demuestra el historiador, estas promesas fueron sistemáticamente incumplidas, y el tratado se convirtió en una farsa jurídica, ética y social para quienes debió proteger. Este artículo analiza cómo esas violaciones ocurrieron, sus consecuencias para las poblaciones afectadas, y el legado que aún persiste.
La promesa legal del tratado
El tratado de 1848 contenía cláusulas claras: los antiguos ciudadanos mexicanos podrían optar por mantener su ciudadanía mexicana o adoptar la estadounidense, y tendrían garantizado el pleno disfrute de sus derechos civiles, propiedad y libertad religiosa. Incluso se esperaba que pudieran influir en la formación de nuevas entidades políticas, como estados con mayoría hispana e indígena.
En la teoría, el tratado era progresista para su época. En la práctica, pronto fue desmantelado por los intereses expansionistas, racistas y económicos del gobierno estadounidense y de los colonos anglosajones.
Despojo territorial y pérdida de poder político
Una de las violaciones más flagrantes fue el despojo de tierras. Los antiguos mexicanos se vieron obligados a demostrar legalmente la propiedad de sus tierras en tribunales dominados por angloamericanos, bajo sistemas legales ajenos a los códigos mexicanos. Este proceso, que debía garantizar derechos, se convirtió en un mecanismo sistemático de desposesión.
Simultáneamente, la creación de nuevos estados, como California, Nevada, y más tarde Arizona y Nuevo México, fue diseñada para consolidar el poder angloamericano. El objetivo implícito del tratado —que los antiguos mexicanos participaran en el gobierno local y estatal— fue ignorado en la práctica. En pocos años, los mexicanos perdieron poder político, representación y acceso a la toma de decisiones.
Discriminación estructural y violencia racial
Además del despojo territorial, las poblaciones mexicanas e indígenas fueron víctimas de discriminación institucional y violencia sistemática. En California, por ejemplo, se impusieron impuestos discriminatorios sobre la tierra que afectaban únicamente a propietarios mexicanos. En regiones mineras, los antiguos mexicanos fueron excluidos de las concesiones y los descubrimientos fueron confiscados por colonos anglosajones.
La situación fue aún más grave para los pueblos indígenas. El gobierno estadounidense ignoró completamente su existencia en el tratado, dejándolos fuera de cualquier protección legal. Fueron etiquetados como “trespassers” (invasores), y sus aldeas ancestrales fueron destruidas. En California, se calcula que alrededor de 75,000 indígenas fueron asesinados en la década de 1850, un acto que algunos historiadores describen como un genocidio.
Asimilación cultural y supresión del idioma
En los primeros años tras el tratado, el español seguía siendo una lengua oficial en muchos de los nuevos territorios, con uso en tribunales, legislaturas y escuelas. La constitución de California de 1849 incluso requería que los documentos oficiales se publicaran en inglés y español.
Sin embargo, durante las décadas de 1870 y 1880, los anglosajones consolidaron su dominio y eliminan el español como lengua oficial. Las escuelas públicas fueron transformadas en réplicas del modelo anglosajón, y los periódicos y procesos judiciales comenzaron a excluir el idioma español. Esto fue parte de una estrategia más amplia de asimilación cultural forzada, donde se buscaba eliminar no solo la lengua, sino también la identidad mexicana e indígena.
¿Un tratado válido o una traición histórica?
Aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo sigue siendo legalmente válido, en la práctica fue una traición a los derechos fundamentales de cientos de miles de personas. Las violaciones sistemáticas —a través de leyes, violencia, políticas públicas y decisiones judiciales— convirtieron un acuerdo internacional en letra muerta.
A más de 175 años de su firma, el Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo representa un capítulo olvidado de la historia, sino también un recordatorio de las promesas rotas que todavía resuenan en las luchas sociales y culturales del suroeste de Estados Unidos.

Por PanchoVillaMx